Introducción
En los últimos meses, distintos organismos públicos españoles han comenzado a contratar los servicios de detectives privados para investigar posibles casos de bajas laborales fraudulentas o situaciones de absentismo injustificado entre sus trabajadores.
Lo que antes era una práctica habitual únicamente en el ámbito empresarial privado, ahora se está extendiendo también a la Administración Pública, con el objetivo de reducir el fraude laboral, optimizar recursos y garantizar el correcto uso de los fondos públicos.
Ejemplos recientes, como los casos de los Ayuntamientos de Calpe (Alicante), Fuengirola (Málaga), Alcorcón (Madrid) o la Junta de Andalucía, evidencian un cambio de tendencia: las instituciones están confiando cada vez más en la profesionalidad y eficacia de los detectives privados para esclarecer conductas irregulares entre su personal.
Por qué los organismos públicos recurren a detectives privados
El absentismo laboral es un problema que afecta tanto al sector privado como al público.
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las bajas laborales por incapacidad temporal han aumentado en los últimos años, generando un impacto económico considerable para las administraciones y las empresas públicas.
El uso de detectives privados permite verificar de forma objetiva y legal si un trabajador en situación de baja médica está cumpliendo con las condiciones establecidas, o si realiza actividades incompatibles con su estado.
Estas investigaciones no persiguen sancionar sin motivo, sino comprobar hechos y proteger los recursos públicos, garantizando que las bajas sean legítimas.
Casos reales de contratación por organismos públicos
1 Ayuntamiento de Calpe (Alicante), Fuengirola (Málaga) y Alcorcón (Madrid)
Estos ayuntamientos destinaron entre 16.000 y 19.000 euros de sus presupuestos municipales a la contratación de empresas de detectives privados, con el objetivo de investigar posibles casos de bajas médicas irregulares entre sus empleados.
Según los datos difundidos en medios de comunicación locales, el personal en situación de baja representaba alrededor del 10% de la plantilla municipal, motivo por el cual se decidió realizar un control más exhaustivo para confirmar la veracidad de dichas bajas.
Los detectives realizaron seguimientos discretos y documentaron hechos contrastables, aportando pruebas que, en algunos casos, evidenciaron actividades incompatibles con la incapacidad declarada.
2 Ayuntamiento de Tarragona y la EMT
Otro ejemplo reciente es el del Ayuntamiento de Tarragona, que contrató los servicios de detectives privados para investigar el absentismo laboral en la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
El objetivo principal fue verificar la autenticidad de las bajas médicas y comprobar si existían patrones de abuso o fraude.
La decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la administración local para mejorar la gestión interna y garantizar la eficiencia del servicio público.
3 Junta de Andalucía y la Empresa Pública VEIASA
El caso más relevante hasta la fecha es el de la Junta de Andalucía, que adjudicó un contrato por más de 240.000 eurosa una empresa de detectives privados para investigar posibles bajas fraudulentas en VEIASA (Verificaciones Industriales de Andalucía), la empresa pública encargada de las ITV.
El contrato, publicado en el perfil del contratante de la Junta, refleja el compromiso de la administración autonómica con el control de las bajas laborales y la optimización de recursos públicos.
Estos servicios de investigación se centran en acreditar con pruebas objetivas si existen irregularidades en las declaraciones de incapacidad temporal de los trabajadores.
Una tendencia al alza en la Administración Pública
El aumento de este tipo de contrataciones refleja un cambio de mentalidad en las administraciones públicas españolas.
Durante años, las investigaciones de bajas fingidas fueron un recurso casi exclusivo de las empresas privadas; hoy, sin embargo, los organismos públicos también recurren a la figura del detective privado como herramienta de control y transparencia.
Este auge responde a varios factores:
- Mayor sensibilización sobre el fraude laboral.
- Necesidad de justificar el gasto público ante los ciudadanos.
- Incremento de bajas médicas en determinados sectores.
- Demostrada eficacia y legalidad de las investigaciones realizadas por detectives habilitados.
Marco legal: una actuación plenamente legítima
Las investigaciones de bajas laborales están amparadas por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que regula la profesión del detective privado en España.
Según el artículo 48 de dicha ley, los detectives están facultados para:
“Realizar, por cuenta de terceros legitimados, investigaciones privadas sobre conductas o hechos relativos a la vida laboral, profesional o económica de las personas.”
Esto significa que las administraciones públicas también pueden contratar detectives privados, siempre que exista un interés legítimo —en este caso, la verificación de la veracidad de las bajas médicas y el cumplimiento de la normativa laboral—.
Las actuaciones deben realizarse siempre con:
- Respeto absoluto a la intimidad de los trabajadores.
- Observación únicamente en espacios públicos o de acceso libre.
- Obtención de pruebas objetivas y verificables.
El detective no emite juicios de valor, sino que documenta hechos observados que posteriormente pueden ser utilizados por los servicios jurídicos de la administración para adoptar decisiones.
Resultados y beneficios de estas investigaciones
La contratación de detectives privados por parte de organismos públicos no busca criminalizar al trabajador, sino garantizar la transparencia, la igualdad y la eficiencia en la gestión de los recursos humanos.
Los resultados de estas investigaciones suelen tener un impacto positivo:
- Reducción de las bajas injustificadas.
- Disuasión de conductas fraudulentas.
- Mejora del control interno y de la disciplina laboral.
- Ahorro económico significativo para las administraciones.
Además, los informes emitidos por los detectives privados tienen plena validez legal y pueden ser utilizados como pruebas documentales en procedimientos administrativos o judiciales.
El papel del detective privado en la prevención del fraude laboral
Los detectives privados especializados en investigación laboral y corporativa aportan un valor añadido a la gestión pública y privada.
Su experiencia les permite actuar con discreción, objetividad y dentro de la legalidad, garantizando resultados medibles y verificables.
Su función no es sancionar, sino acreditar hechos mediante observación profesional, respetando siempre la confidencialidad y la normativa de protección de datos.
Conclusión
El incremento de la contratación de detectives privados por parte de ayuntamientos, empresas públicas y administraciones autonómicas demuestra que esta profesión se consolida como una herramienta eficaz y legal para el control del absentismo laboral.
La figura del detective privado, regulada y supervisada por el Estado, se está convirtiendo en un recurso esencial para garantizar la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los fondos públicos.
En Ayas, contamos con más de 30 años de experiencia en investigación laboral y corporativa, ofreciendo servicios de alta fiabilidad a empresas privadas y entidades públicas.
Nuestro equipo está habilitado oficialmente (TIP 863, Colegiado nº 18, RNSP 10.279) y trabaja con total discreción, ética y respeto por la legalidad.
Si necesitas verificar situaciones de baja médica, fraude interno o absentismo, contacta con nosotros.
Te ayudaremos a obtener la verdad con pruebas válidas y objetivas.
